Si se ha contratado seguro de impago, la aseguradora cubre las rentas según póliza y asume la defensa jurídica. En caso contrario, habrá que iniciar los procedimientos legales correspondientes conforme a la normativa vigente.

No es obligatorio, pero es altamente recomendable para propietarios que desean máxima protección financiera.

Con un seguro de alquiler nos garantizamos el cobro de rentas. Además, en caso de tener que demandar al inquilino, no tendremos que adelantar cantidades para pagar abogado ni procurador.

Los documentos que suelen pedirse son:

• Documento de identidad (DNI o NIE).
• Contrato de trabajo.
• Últimas nóminas.
• Vida laboral.
• Declaración de la renta.

Depende del precio, estado y zona, pero en mercados con alta demanda los plazos suelen ser reducidos cuando el inmueble está correctamente valorado.

Sin embargo, más importante que alquilar rápido es seleccionar al inquilino adecuado. Un proceso de filtrado, estudio de solvencia y validación documental ayuda a reducir el riesgo de impagos o conflictos durante el contrato.

Ambas opciones son posibles y dependerán del tipo de vivienda y del perfil de inquilino al que se quiera dirigir el alquiler.

En muchos casos, alquilar un piso parcialmente amueblado o vacío facilita atraer a más inquilinos, ya que muchos prefieren utilizar su propio mobiliario.

Si los muebles existentes son antiguos o no están en buen estado, suele ser recomendable retirar el mobiliario antes de poner la vivienda en alquiler para mejorar la presentación del inmueble.

Antes de tomar cualquier decisión, realizamos una visita de inspección de la vivienda para asesorar al propietario sobre la mejor estrategia para alquilarla en las mejores condiciones.

La gestión del alquiler tiene un coste equivalente a una mensualidad de renta más IVA, que abona el propietario una vez que se ha alquilado la vivienda.

Este servicio incluye todas las fases necesarias para alquilar la vivienda:

• Valoración del precio de mercado.
• Reportaje fotográfico profesional.
• Publicación en portales inmobiliarios.
• Filtro de candidatos y visitas.
• Estudio de solvencia del inquilino.
• Redacción del contrato conforme a la normativa vigente.
• Gestión del depósito de la fianza en la Comunidad de Madrid.
• Gestión de cambio de suministros.
• Coordinación de la firma del contrato y entrega de llaves.

El coste de un seguro de impago de alquiler suele situarse aproximadamente entre el 4 % y el 5 % de la renta anual, aunque puede variar ligeramente en función de la compañía aseguradora y de las coberturas incluidas.

Este tipo de seguro suele cubrir:

• Rentas impagadas durante varios meses.
• Defensa jurídica en caso de conflicto.
• Reclamación judicial y procedimiento de desahucio.
• Daños vandálicos ocasionados por el inquilino.

Contratar un seguro de alquiler no es obligatorio, pero es una herramienta muy útil para propietarios que desean proteger sus ingresos y reducir el riesgo financiero asociado al arrendamiento.

Sí. El depósito de fianzas de arrendamientos de viviendas y otras fincas urbanas es obligatorio para el arrendador. 

Tal como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los contratos de alquiler de vivienda es obligatorio exigir una fianza equivalente a una mensualidad de renta, que deberá depositarse ante la Comunidad de Madrid en el plazo de 30 días hábiles desde la firma del contrato.

En nuestra gestión del alquiler nos encargamos de tramitar el depósito y la posterior devolución de la fianza.

La legislación permite que los gastos de comunidad sean asumidos por el propietario o por el inquilino, siempre que se especifique claramente en el contrato de alquiler.

No obstante, desde Inmobiliaria MAQUEDA recomendamos que los gastos de comunidad los asuma el propietario, especialmente cuando incluyen servicios o derramas que puedan variar con el tiempo.

De esta forma se evitan posibles incidencias o deudas que puedan afectar a la vivienda.

A la hora de fijar el precio del alquiler, es importante tener en cuenta todos los gastos asociados al inmueble (comunidad, IBI, mantenimiento, etc.) para establecer una renta equilibrada.

En un contrato de alquiler de vivienda, la normativa distingue entre pequeñas reparaciones derivadas del uso cotidiano y averías o reparaciones estructurales del inmueble.

De forma general:

El inquilino suele asumir las pequeñas reparaciones por desgaste ordinario, como por ejemplo:

• Sustituir una bombilla.
• Ajustar una persiana o un tirador.
• Cambiar la alcachofa de la ducha o pequeños elementos deteriorados por el uso.

El propietario debe hacerse cargo de las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, como por ejemplo:

• Averías en la instalación eléctrica o de fontanería.
• Problemas en la caldera o sistemas de calefacción.
• Reparaciones estructurales del inmueble.

Estas obligaciones están recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque el contrato puede especificar con más detalle cómo se gestionarán determinadas incidencias.

Por eso es importante que el contrato esté bien redactado y establezca claramente la distribución de responsabilidades.

La duración mínima del contrato de alquiler de vivienda está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Sin embargo, la ley contempla determinados supuestos en los que el propietario puede recuperar la vivienda antes de la finalización del contrato, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Uno de los casos más habituales es cuando el propietario necesita la vivienda para destinarla a residencia habitual propia o de determinados familiares directos.

Para poder ejercer este derecho, deben cumplirse las condiciones previstas en la ley y haberse incluido la cláusula correspondiente en el contrato de arrendamiento.

Por eso es importante que el contrato esté correctamente redactado desde el principio.

Sí. En una VPO el precio del alquiler está limitado legalmente y el contrato debe adaptarse a normativa específica.

Por ello, no es recomendable utilizar modelos de contrato estándar sin revisar el régimen concreto de la vivienda.

El precio máximo de alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) no puede fijarse libremente como ocurre con las viviendas de mercado libre.

En la Comunidad de Madrid el cálculo depende de varios factores:

• El régimen de protección de la vivienda.
• El módulo vigente establecido por la administración.
• La superficie útil de la vivienda.
• La vinculación de garaje o trastero.
• El plan de vivienda al que esté acogida.

Por este motivo, antes de poner una vivienda protegida en alquiler es imprescindible verificar el régimen aplicable y calcular el precio máximo permitido para evitar posibles sanciones administrativas.

En nuestra gestión analizamos cada caso para asegurarnos de que el alquiler cumple la normativa vigente.